En el primer trimestre de este año, las asociaciones sin fines de lucro (ASFL) ejecutaron unos 480 millones de pesos de los 2,924.3 millones de pesos aprobados en el Presupuesto General del Estado para la realización de sus labores sociales en el 2024, de acuerdo al Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPyD).
La institución precisó que se tratan de cifras preliminares del Sistema Integrado de Gestión de las Asociaciones Sin Fines de Lucro (Sigasfl), plataforma en la que las organizaciones depositan su ejecución presupuestaria, tanto al MEPyD como a la Cámara de Cuentas.
La directora del Centro Nacional de Fomento y Promoción a las Asociaciones sin Fines de Lucro (Casfl), Vielka Polanco, aseguró a Diario Libre que el 90 % del total de oenegés que reciben fondos públicos entregaron su primera ejecución del año.
En un evento en el que la institución reconoció a las 23 organizaciones que mejor rindieron cuentas en términos de calidad de las informaciones proporcionadas, Polanco enfatizó que se busca crear una cultura en la que el uso de los fondos públicos se detalle de manera transparente.
“En muchas organizaciones no tenían esa cultura, esa capacidad instalada de cómo rendir cuentas, y tuvieron que abrirse. Nadie le pedía rendiciones; algunas lo hacían de manera voluntaria. Es como empezar esa cultura y para nosotros no es solamente monitorear, controlar y capacitar, sino también reconocer”, enfatizó.
Las debilidades
Polanco declaró que las dos principales debilidades que presentan estas organizaciones al momento de rendir cuentas están en la forma en la que se gastan los fondos y la falta de pruebas que sustenten las ejecuciones presupuestarias.
La Ley 122-05 para la Regulación y Fomento de las Asociaciones Sin Fines de Lucro establece que los aportes gubernamentales por concepto de contratos de servicios, convenios de gestión, apoyo a programas y proyectos a estas entidades solo podrán cubrir un máximo del 20 % de los gastos administrativos de una oenegé.
Esto dejaría el 80 % de la subvención para cubrir gastos operativos. “Eso tiene un sentido: la razón es que queremos que el dinero sea usado para intervenciones, y no con gastos de local y todo eso, ya que eso no genera desarrollo”.
Sin embargo, hay muchas organizaciones a las que les cuesta cumplir con este mandato, manifestó la funcionaria.
“Lo que le decimos es que movilicen fondos por otra vía para cubrir sus gastos administrativos, pero los fondos públicos tienen que ser obligatorios, el 80 % para gastos operativos, y el 20 % para gastos administrativos”, reafirmó.
Expuso que se está trabajando en concientizar a las asociaciones para que presenten el debido sustento de sus gastos, guardando los comprobantes, facturas y documentos bajo los cuales los justifican.
Cuando se presentan esos casos, las entidades son evaluadas y auditadas, y se les notifica sobre aquellos gastos que resultan inadmisibles.
“Nosotros sí tenemos que ver cómo damos un paso más, y que tengan que devolver los fondos (utilizados sin justificación). Ese ya es como el próximo paso”, reconoció.