El presidente de la Confederación Nacional de Unidad Sindical (CNUS), Rafael (Pepe) Abreu, hizo un llamado al gobierno dominicano a tomar medidas rápidas ante el “limbo” en el que han quedado los empleados de los comercios chinos cerrados en operativo de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) y la Dirección General de Aduanas (DGA).
Al ser consultado por Diario Libre, Abreu manifestó que aún no tiene estadísticas de los empleados que han quedado sin trabajo debido al cierre de más de 10 tiendas, en su mayoría de propietarios asiáticos, en Santo Domingo y Santiago, por haber incurrido en la violación de varios artículos del Código Tributario.
Entre los delitos detectados están la no emisión de facturas con comprobante fiscal, la no existencia de soluciones fiscales y el ocultamiento de información en las declaraciones juradas de las empresas que tendían a presentar un ingreso por debajo al realmente percibido.
El sindicalista dijo que estos trabajadores “no están ni desahuciados ni laborando actualmente”, porque hasta que no aclaren la situación con la DGII, quedan temporalmente suspendidos.
“Hemos conversado con las autoridades del Ministerio de Trabajo, sobre el tema, pero aún no tienen respuesta. Dada esta circunstancia, algunos empleados piden liquidación, pero hasta el momento no le corresponde ya que no se sabe el estatus del establecimiento”, dijo.
¿Pueden reabrir o declararse en banca rota?
De acuerdo al presidente del CNUS, la quiebra es un procedimiento judicial mediante el cual se lleva a cabo la liquidación de una empresa que se considera insolvente, es decir, cuando el empresario no es capaz de pagar las deudas que tiene contraídas. De declararse bajo este régimen, no sería favorable para los empleados, puesto que monto de cesantía sería inferior a los 15 días y no se aplicaría preaviso, lo que traería como consecuencia que perciban menos ingresos.
“En ese caso, el estado debe amparar a esos trabajadores. Los empleados no deben cargar con las malas prácticas de sus patrones”, dijo Abreu.
Si reabren, pueden hacer un acuerdo con la entidad fiscalizadora y ponerse al día con los pagos.
Apoya operativo
Abreu también indicó que está de acuerdo con esta iniciativa. “Todo el que incumpla la ley debe ser castigado”, dijo. A la vez, destacó que la sociedad china es muy trabajadora, pero con su visión capitalista, solo vela por sus propios intereses, dejando a un lado a sus obreros.
También agregó que a estos no les gusta contratar dominicanos porque “se quejan mucho” y los cancelan antes de los tres meses para evitar dar prestaciones laborales, beneficio adquirido por ley y violando los derechos. Expuso que prefieren contratar extranjeros haitianos ilegales para eludir los pagos de ley y asignarle salarios por debajo del mínimo.
Agregó que hace mucho los empresarios habían denunciado las supuestas estafas al estado por parte de los comerciantes chinos, por la competencia desleal que esto representa.
Reforma fiscal
Sobre la reforma fiscal que algunos economistas afirman es la vía para mejorar los servicios públicos y transformar los recursos estatales en mejoras tangibles para la población, citando ejemplos de naciones donde altos impuestos se traducen en beneficios palpables para los ciudadanos, el sindicalista señaló que, si en el país se evitaran las evasiones de impuestos y se fiscalizara de manera eficiente, no sería necesario cargar más con impuestos a la clase media.
“Si no se dieran situaciones como estás, hubiese un equilibrio ya que, en otros países, los propietarios de comercios que evaden impuestos son llevados hasta las últimas consecuencias, hasta cárcel cumplen”, destacó.
Operativo
Luego del «análisis exhaustivo de informes de inteligencia financiera», las unidades encargadas de combatir el delito tributario de ambas instituciones detectaron prácticas contrarias a la ley como la no emisión de facturas con comprobante fiscal, la no existencia de soluciones fiscales y el ocultamiento de información en las declaraciones juradas de las empresas que tendían a presentar un ingreso por debajo al realmente percibido.
Las compañías, propiedad de comerciantes asiáticos, realizaron transacciones bancarias por aproximadamente cuatro mil millones de pesos y ocultaron ante la administración tributaria la información real sobre los niveles económicos en desmedro del estado dominicano.
Los cierres se dispusieron luego de un proceso de investigación que determinó que los comercios presentaban giros bancarios hasta en más un 90 %, superior al total de las operaciones del Itbis reportado. Además de un alto flujo de ventas en efectivo cuyos reportes también fueron omitidos.
Se trata de sanciones de segundo grado, ya que previamente los comercios fueron multados y no procedieron a regularizar su situación.
Las acciones fueron ejecutadas por personal de la Gerencia de Investigación de Fraudes y Delitos Tributarios y militares adscritos a la DGII y DGA, luego de un análisis de las brechas tributarias que inciden en la informalidad del sector comercial asiáticos que evidencia un crecimiento considerable por la cantidad de tiendas colocadas.
Esto forma parte de un proyecto especial de fiscalización que ejecuta la Administración Tributaria que busca reducir la evasión y la competencia desleal entre comercios y empresas.
El pasado año se colocaron un aproximado de cuatro mil multas por incumplimiento de deberes formales, de las cuales 207 corresponden a multas a comerciantes asiáticos, de los que mayoría tiene deudas en cobro coactivo. Esto, además de unas 800 medidas conservatorias y se mantienen en investigación tendentes a ser judicializadas penalmente 22 comercios asiáticos.
La DGII y DGA llamaron a las empresas y comercios a regularizar su situación tributaria, ya que su objetivo no es cerrar establecimientos, sino que se ajusten de acuerdo con lo que establecen las leyes ante lo cual las puertas de ambas instituciones están abiertas para facilitar el cumplimiento de las obligaciones tributarias.
Respeto hacia las normas y a los derechos
La Embajada de China en la República Dominicana indicó que ha sido categórica en su función de lograr que sus ciudadanos cumplan con las leyes en los lugares donde hacen negocios.
«Reiteramos siempre a la comunidad respetar las leyes locales. Sin embargo, creemos que los negocios chinos contribuyen mucho a la sociedad dominicana. Hay que ver el efecto positivo de esos negocios también», detalló la Embajada.
El equipo diplomático recordó que entre ambos países prima una relación comercial de varios años, por lo que pide a las autoridades que, cuando realicen cualquier operativo, respeten los intereses legales y legítimos de los ciudadanos chinos.
Desde el 2018 no se realiza un levantamiento de información de los chinos que viven en el país. Las autoridades de China estiman que hay más de 30,000 de sus ciudadanos en República Dominicana que se dedican, principalmente, al comercio formal e informal, con negocios de comida, tiendas, ferreterías y centros de servicios.