Un grupo de analistas de varias instituciones presentaron el informe de Índice de Riesgo Político Latinoamericano 2024, elaborado por el Centro de Estudios Internacionales de la Pontificia Universidad Católica de Chile (Ceiuc) con el objetivo de comprender los desafíos de los países de la región.
Una nota de prensa señala que el análisis contó con la participación de 1,154 personas entre las que se destacan autoridades, exgobernantes, líderes de opinión y académicos y fue presentado por los especialistas Jorge Sahd, académico chileno; el Centro de Análisis para Políticas Públicas (CAPP), la firma consultora de Asuntos Públicos, Inteligencia y Comunicación Estratégica Blue Compass Consulting (BCC) y el Instituto Republicano Internacional (IRI).
El presidente del CAPP, Víctor -Ito- Bisonó, que es el ministro de Industria y Comercio de República Dominicana, enfatizó la importancia de este análisis al resaltar que, en su experiencia como legislador y proponente de iniciativas como la ley de armas y mayores castigos al comercio ilícito, siempre sostuvo que no existen soluciones aisladas a estas preocupaciones que son comunes a varios países.
Del mismo modo, Susana Martínez, managing partner de Blue Compass Consulting y pasada presidenta de la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios (ANJE), resaltó la importancia de que el comercio ilícito y su persecución sean tema constante de la agenda nacional, teniendo presencia en el debate público, aún más en el marco de un proceso electoral del cual saldrán electos nuevos hacedores de políticas públicas.
Marcelo Quiroga, director regional de Programas para América Latina y el Caribe del IRI invitó a no dejar que la buena racha que vive República Dominicana en comparación con muchos vecinos lleve a ceguera sobre problemáticas como las que han resultado en ingobernabilidad en países de la región.
El informe arrojó evidencias resaltando que, por segundo año consecutivo, se avanza que el mayor tema de preocupación es el crimen organizado en todos sus niveles y modalidades, por su impacto nocivo para el ecosistema productivo nacional, la operatividad de los sectores económicos, y la institucionalidad, trayendo consigo erosión democrática.