El gobierno ha reconocido su responsabilidad por la falta de avance en el proyecto de reforma carcelaria, el cual fue designado como una prioridad nacional en 2021.
El presidente Luis Abinader admitió que durante este período no se han realizado los esfuerzos adecuados para lograr los objetivos fundamentales de la reforma.
Uno de estos objetivos era integrarla con una estrategia de seguridad ciudadana para disminuir los índices delictivos y la criminalidad, así como para impulsar una transformación significativa de la Policía Nacional.
Aunque la reforma policial ha avanzado de manera más consistente que la carcelaria, debido a la complejidad de reformar esa estructura y fortalecer la justicia penal, la estrategia se ha estancado en un estado de incertidumbre.
Las consecuencias de este retraso son evidentes para todo el país.
El hacinamiento en las cárceles ha aumentado, la situación de los presos preventivos cuyos procesos judiciales se han prolongado injustamente se ha agravado, y las cárceles continúan siendo focos de violencia y corrupción.
Aunque la reforma carcelaria ha experimentado este estancamiento, aún hay oportunidad para que el gobierno retome su estrategia y acelere la apertura, aunque sea parcial, de la nueva penitenciaría Las Parras, así como para poner en funcionamiento la que se está construyendo en Pedro Corto, San Juan, y otros establecimientos penitenciarios más pequeños.
Los desafíos para mejorar el sistema carcelario no recaen únicamente en el gobierno.
Es necesario promover una mayor colaboración entre el gobierno y las organizaciones de la sociedad civil para abordar este problema de manera integral.
No podemos abandonar esta prioridad nacional, ya que ello pondría en riesgo la seguridad nacional, y en particular la seguridad ciudadana.